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Director de la OABI, denunciado por el CNA
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció al titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González Salinas, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al no cumplir con sus obligaciones, cuando Marcelo Antonio Chimirri Castro, quien con intimidación y amenazas exigió la devolución de una vivienda que fue decomisada por el Estado hondureño.
En el informe: «El absoluto silencio», se revela que Gonzáles Salinas fue notificado formalmente de esas pretenciones, pero no se tomaron las medidas para impedir que terceras personas accedieran al lugar y sacaran a la Cruz Roja Hondureña, que en ese momento tenía la posesión de la propiedad.
Además, se establecen las omisiones cometidas por el director de la OABI, quien tiene la atribución de administrar y custodiar los bienes declarados en comiso por sentencia firme.
Omisión de la OABI
Chimirri llegó a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña en Valle de Ángeles, acompañado de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Luego, ingresó por una ventana a la vivienda y le exigió al personal de seguridad que se encontraba resguardándola, que le hicieran entrega del bien, sin presentar ninguna resolución del Juzgado de Privación de Dominio o de la propia OABI, autorizando la devolución.
Desde el 2015, la organización humanitaria ocupaba la propiedad, luego de suscribir un contrato de comodato con la OABI, para que le diera el mejor uso posible.
En los días posteriores, las exigencias se transformaron en amenazas al personal de seguridad, y sin mas opción, la Cruz Roja Hondureña se retiró de la propiedad y notificó nuevamente de la situación al director de la OABI, Jorge Alberto González, sin obtener una respuesta.
La Cruz Roja envió dos oficios a la OABI, en uno de ellos detalló que el gerente de la empresa de seguridad recibió una llamada de una persona que se identificó como el director de la OABI, quien le manifestó de manera verbal que tomarían posesión del inmueble, pero sin ningún documento que lo acreditara, ni seguir el debido proceso, omitiendo lo dispuesto en la normativa vigente.
La organización hizo diligencias en las oficinas de la OABI en Tegucigalpa para agilizar la entrega conforme a lo establecido en la ley, pero fueron «infructíferas».
El CNA estableció la responsabilidad del director de la OABI, Jorge Alberto González Salinas, quien tenía la obligación de ejecutar acciones antes los hechos denunciados por la Cruz Roja Hondureña, a fin de salvaguardar los bienes del Estado, ya que es el principal responsable de la administración y custodia de los mismos.
