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RDD llama al Congreso a cumplir con sus obligaciones constitucionales
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), mediante un escrito hizo un llamado al Congreso Nacional, para que lleguen de una vez a un consensos para la elección del fiscal general y fiscal adjunto.
La RDD Como una coalición de organizaciones de sociedad civil, universidades privadas y públicas del país, empresa privada, iglesias, organizaciones juveniles, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de mujeres y demás, lamenta las la suspensión indefinida de las sesiones en el legislativo.
Los términos que hace la RDD al Congreso es que en años anteriores el Congreso Nacional ha realizado de 70 a 80 sesiones ordinarias en el año; sin embargo, a 2 meses y medio de finalizar el 2023, el Congreso Nacional ha realizado solo 42 sesiones ordinarias; la ratificación de la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), la implementación de una agenda anticorrupción y la aprobación del Presupuesto General de la República, son ejemplos de los pendientes que el Congreso Nacional tiene con el pueblo hondureño.
Lamenta que desde el 01 de agosto, fecha en la cual la Junta Proponente entregó al Congreso Nacional la lista de los 5 candidatos a elección para fiscal general y fiscal adjunto del MP el Congreso Nacional únicamente ha sesionado 8 días, sumando hasta el día de hoy 46 días que han transcurrido sin sesionar.
Además exhortamos al Congreso Nacional al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales., para evitar una parálisis en el hemiciclo que tiene un impacto directo en los hondureños y que se traduce en problemas en áreas críticas como salud, educación, seguridad y otras.
Por otro lado, la falta de consensos para la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público y la evidente fragilidad del Congreso Nacional para la resolución de conflictos, son indicadores negativos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), recordando que el Ministerio Público será la institución de apoyo legal a la CICIH para la investigación de los casos de corrupción y el Congreso Nacional el órgano
encargado de aprobar, derogar o reformar el ordenamiento jurídico, para una agenda anticorrupción efectiva.
