Internacionales
Guatemala decretó estado de calamidad
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este lunes 8 de julio el estado de calamidad por 30 días en todo el país debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias, que dejan 13 muertos y casi cinco millones de afectados desde mayo hasta la fecha, pero ¿a qué se refiere?
El estado de calamidad en Guatemala es una medida que el Ejecutivo puede decretar. Esta acción tiene como objetivo prevenir daños y mitigar los efectos de cualquier eventualidad que afecte al país. Este mandato está establecido dentro de la Ley de Orden publico de Guatemala —aprobado el 30 de noviembre de 1965—. Específicamente, se describe en el capítulo IV, artículo 14 y artículo 15; en ambos incisos se describen tanto el motivo como las medidas a tomar en caso de decretarse.
Entre las medias del estado de calamidad destacan:
Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento.
Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones.
Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada.
La medida, publicada el lunes en la gaceta oficial, fue aprobada por el gobernante socialdemócrata durante una reunión con el Consejo de ministros y entre otras cosas, restringe algunos derechos constitucionales como el libre tránsito. Ahora el Congreso —dominado por la oposición derechista— tiene tres días para ratificar, modificar o desaprobar la decisión presidencial.
Si es aprobada, el gobierno dispondrá de recursos económicos sin convocar a licitaciones para enfrentar las emergencias. El gobierno argumentó que un estudio del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) determinó un exceso de lluvias en la actual temporada iniciada en mayo, causando saturación de suelos y “daños significativos” en viviendas e infraestructura.
Esas condiciones aumentaron el “riesgo de eventos que puedan afectar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad” en este país centroamericano, donde 59 por ciento de los 17.7 millones de habitantes vive en la pobreza.
Con la aprobación del estado de calamidad, se ordena a la estatal Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), a cargo de protección civil, evacuar a las personas que se encuentran en “las regiones afectadas o que estén en peligro”.
