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Nacionales

RDD pide a presidenta Castro el cese de ataques a la Sociedad Civil

La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) manifiesta su más enérgica condena ante los ataques sistemáticos dirigidos desde el poder hacia la Iglesia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector obrero, defensores de derechos humanos y otros actores fundamentales de nuestra democracia. El uso indebido del poder para atacar a estos sectores, que actúan como vigilantes y garantes de los derechos y libertades fundamentales, constituye un acto de represión inadmisible en una sociedad que se precia de ser democrática.

El deterioro del sistema de justicia, provocado por prácticas de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción, ha impedido que el sistema judicial funcione en beneficio de la población más vulnerable. Estos hechos no solo socavan la confianza pública en las instituciones, sino que también aumentan el descontento en diversos sectores de la sociedad hondureña, que habían depositado su esperanza en un cambio real y participativo.

En tal sentido, desde la RDD como una coalición representativa no solo de organizaciones de sociedad civil sino, que también del sector privado, academia, comunidad cristiana y evangélica del país, organizaciones de mujeres, jóvenes, grupos originarios, periodistas, exhortamos al gobierno hondureño liderado por la presidenta Xiomara Castro a: Cesar de inmediato los ataques contra personas y organizaciones, y garantizar la independencia y el respeto de los medios de comunicación, en un entorno donde prevalezcan el respeto, la convivencia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, para que no se continúe debilitando el acceso a la justicia y la democracia.

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Garantizar el respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos los hondureños, promoviendo la participación ciudadana sin discriminación política, en la formulación y aplicación de políticas públicas que impactan en la vida de todos los ciudadanos.

Abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a integrantes de la sociedad civil o a utilizar los medios estatales para hacer campañas que puedan incentivar la violencia contra las personas que no son parte del gobierno.

Adoptar las medidas necesarias para la superar la crisis de cierre del espacio cívico de conformidad a los estándares internacionales de los derechos humanos, restableciendo la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales.

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