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Requerimiento fiscal contra exfuncionarios por corrupción en la compra de ventiladores para COVID-19
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Gobierno de Honduras, acusados de causar un perjuicio a la población por más de sesenta y tres millones de lempiras (L 63,839,377.80).
Esta acusación se centra en la adquisición de ventiladores mecánicos que resultaron inoperantes durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los acusados incluyen a Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; y otros exfuncionarios de COPECO. Se les imputa los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Las investigaciones revelan que, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, estos exfuncionarios se aprovecharon de la emergencia para manipular el proceso de adquisición. Se realizaron transferencias bancarias sin la documentación correspondiente y se omitió la recepción oficial de los ventiladores, un proceso que debió ser riguroso y transparente.
Mientras la población enfrentaba uno de los peores momentos de su historia, con miles de hondureños falleciendo por falta de atención médica, estos exfuncionarios enriquecieron sus cuentas bancarias con dinero obtenido de manera ilícita. Los ventiladores, que se encontraban almacenados en bodegas de hospitales, resultaron inadecuados para el tratamiento de pacientes con COVID-19.
Esta situación refleja la cruel burla a la desesperación de un país en crisis, donde la negligencia y la codicia de quienes debían servir a la ciudadanía causaron un daño irreparable a la salud del pueblo. El MP reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia para las víctimas de este grave acto.
