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Sin lugar el «pacto de impunidad»
La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró «sin lugar» dos recursos contra una ley, conocida como ‘Pacto de impunidad’, mediante el cual se concedió «amnistía general, amplia e incondicional» a funcionarios y otras autoridades electas durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
Después de una reunión del pleno de magistrados se ha «determinado por mayoría de votos, en una votación de diez a cinco, declarando sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad acumulados», dijo el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
Agregó que los dos recursos fueron enviados por la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022, «contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan», más conocido entre los hondureños como ‘Pacto de impunidad’, por considerar que bajo el paraguas de esa amnistía se ha favorecido a exfuncionarios que cometieron presuntos actos de corrupción durante el Gobierno de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009).
Duarte subrayó que el pleno de los magistrados declaró la «inconstitucionalidad» de los recursos presentados contra el decreto 04-2022, en una votación de diez a favor y cinco en contra.
La votación mayoritaria resolvió que «lo aprobado por el Congreso Nacional (Parlamento) en su totalidad, es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia» y que «lo que se declara es sin lugar», agregó.
La resolución de los magistrados fue cuestionada por varios sectores, entre abogados, analistas y diputados de la oposición, de los que algunos consideran que el Poder Judicial le ha dicho hoy «no a la venida de la CICIH», una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, con el apoyo de las Naciones Unidas, una de las promesas de la presidenta del país al asumir el poder, el 27 de enero de 2022 y durante su campaña política.
