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CSJ ratifica sentencias por asesinato de Berta Cáceres
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró «firme y ejecutable» las sentencias contra siete de ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, en su casa, en la ciudad de La Esperanza, en el oeste del país.
En un comunicado, la Sala de lo Penal de la CSJ indicó que, en nombre del Estado, «por unanimidad de votos, declaró no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del ciudadano Roberto David Castillo Mejía, condenado a 22 años y seis meses de cárcel por el delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres», y que «se declara firme y ejecutable la sentencia» del 22 de junio de 2022, que fue ratificada el lunes.
La Justicia hondureña también declaró «no ha lugar» el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Elvin Humberto Rápalo, Óscar Aroldo Torres, Edilson Atilio Duarte y Henry Javier Hernández, sentenciados por el delito de «asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido», el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista asesinada la noche del crimen.
Siempre en el mismo expediente, por el delito de asesinato consumado en perjuicio de la ambientalista, por unanimidad de votos declaró no ha lugar (la sala de lo Penal) la casación interpuesta por la defensa de Douglas Geovany Bustillo y Mariano Díaz, «ratificando de esa manera la sentencia de culpabilidad por un Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal», añade el comunicado.
En otra resolución, en el caso instruido para Sergio Ramón Rodríguez, «quien fue encontrado culpable en primera instancia del delito asesinato consumado en perjuicio de Cáceres, la Sala, por mayoría de votos, recalificó el delito a cómplice de asesinato, por lo que, debido a esta decisión mayoritaria, a la brevedad posible el expediente junto con sus antecedentes serán remitidos a la Suprema Corte para que la causa sea conocida por el pleno de magistrados de ese ente superior», subraya la información oficial.
Además, el escrito resolutivo establece que las sentencias que ya han sido ratificadas, «manda a que la secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con la certificación respectiva, para que posteriormente se inicie con la ejecución de la pena».
