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Hugo Noé Pino: Fondo Social es transparente, legal y supervisado
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirmó que el Fondo Social destinado a proyectos comunitarios se administra con total transparencia y bajo el marco legal establecido en el Presupuesto General de la República.
“Es importante aclarar que los fondos canalizados desde el Poder Legislativo hacia proyectos sociales en las comunidades están contemplados legalmente. El artículo 349 del decreto de aprobación del presupuesto establece expresamente el funcionamiento del Fondo Social y los mecanismos de su aplicación”, explicó el congresista.
Pino detalló que, además de la disposición legal, existe un reglamento específico que regula el uso del Fondo Social.
Dicho reglamento indica que los recursos se destinan a responder solicitudes de patronatos, alcaldías, juntas de agua y otras organizaciones comunitarias. Las inversiones incluyen pequeñas obras de infraestructura, becas educativas, electrificación básica y mejoras en espacios públicos.
“Todo está claramente regulado. El procedimiento es transparente, los recursos se utilizan conforme a la ley y no hay nada oculto en su aplicación”, subrayó.
Asimismo, recordó que el Fondo Social vigente asciende a 950 millones de lempiras y fue aprobado para el período 2023–2025. Recalcó que este fondo es completamente distinto al extinto Fondo Departamental, que en el pasado era manejado directamente por diputados o la Presidencia de la República.
“A diferencia de lo que ocurría antes, en este nuevo modelo ningún diputado recibe directamente los fondos ni se le depositan en cuentas personales. Tampoco les corresponde realizar las liquidaciones. Cuando una comunidad solicita, por ejemplo, construir un techo para una cancha, el diputado acompaña la gestión ante instituciones como el FHIS, SEDESOL, Gobernación, FOSODE o CONDEPOR, según sea el caso”, explicó.
Añadió que las instituciones responsables son quienes verifican los requisitos, aprueban los proyectos técnicamente y ejecutan los fondos asignados, bajo la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“El uso del Fondo Social es transparente, legal y ejecutado con responsabilidad. Los diputados únicamente cumplen su rol de intermediarios entre las comunidades y las instituciones del Estado. Son los entes ejecutores los que administran, ejecutan y liquidan los recursos conforme a los procesos establecidos”, concluyó.
