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“Casas chatarra”: IP destapa millonario desvío de fondos en fideicomisos sin control
A un mes de asumir la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra denunció una de las herencias más críticas dejadas por la anterior administración: la construcción de viviendas inservibles financiadas con fondos públicos, manejados sin transparencia a través de fideicomisos asignados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
“El estado en que encontramos el Instituto es lamentable. Se desvió totalmente de su función de garantizar seguridad jurídica y se utilizó para ejecutar proyectos sociales sin controles legales ni técnicos”, señaló Bocanegra.
La UCP fue creada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y, según el funcionario, manejó más de 12 mil millones de lempiras mediante fideicomisos que permitieron asignaciones directas sin procesos de licitación, en abierta violación a la Ley de Contratación del Estado.
Uno de los casos más graves es el del proyecto Residencial Morazán, promovido por el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz. Las viviendas —estructuras metálicas tipo contenedor— han sido calificadas como “casas chatarra” por su baja calidad, condiciones inhabitables, calor extremo, plagas, filtraciones y deterioro prematuro. A ello se suma que el terreno donde se construyeron se encuentra actualmente en litigio.
“En muchos casos, las casas comenzaron a deteriorarse a los pocos días. No cumplen con ningún estándar de dignidad ni habitabilidad”, afirmó el titular del IP.
Bocanegra también reveló que “organizaciones solicitaban millones sin respaldo técnico y se les emitía el cheque sin mayor trámite. Así se manejaron miles de millones del pueblo hondureño”.
Por estos hechos, en junio de 2022, la presidenta Xiomara Castro ordenó —mediante decreto— el cierre del fideicomiso y la liquidación de los fondos por uso indebido.
Actualmente, el IP lleva a cabo una evaluación técnica de los proyectos heredados, identificando al menos ocho desarrollos habitacionales con deficiencias graves. El objetivo es determinar cuáles viviendas pueden ser recuperadas y entregadas con condiciones dignas a personas en situación de vulnerabilidad.
“No permitiremos que la necesidad del pueblo siga siendo usada para justificar corrupción. Vamos a devolverle al IP su función institucional y a trabajar con transparencia y justicia”, concluyó Bocanegra.
