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Poder Judicial y Secretaría de Trabajo en pro de derechos sindicales en Honduras
En un acto de alta relevancia institucional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Raquel Obando, y el secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), Wilmer Javier Fernández Alachán, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que marca un hito en la defensa de los derechos laborales y sindicales en el país.
El acuerdo tiene como objetivo garantizar una atención prioritaria, sistemática y eficaz a los casos de violencia antisindical, fortaleciendo la capacidad del Estado hondureño para investigar y judicializar los delitos cometidos contra miembros de movimientos sindicales. La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación.
Durante la ceremonia, la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando expresó: “Este día nos convoca la firma de un convenio que representa un compromiso compartido en la defensa de los derechos laborales y sindicales. Con este acuerdo, reafirmamos nuestra voluntad de acercar la justicia a quienes más la necesitan.”
Asimismo, subrayó que este esfuerzo se alinea con el mandato constitucional que reconoce a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado: “Es ese principio el que orienta la labor del Poder Judicial, que asume con firme convicción su responsabilidad de impartir una justicia pronta, efectiva y accesible.”
La presidenta de la Corte destacó el compromiso compartido con SETRASS: “La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social comparte esa misma vocación: proteger la dignidad en las relaciones laborales y garantizar que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sean respetados. Hoy unimos esas misiones en un esfuerzo común, y lo hacemos realidad a través de este trascendental convenio.”
El convenio representa un paso decisivo para fortalecer el Estado de derecho laboral en Honduras, ofreciendo mecanismos más eficientes y coordinados para combatir la violencia antisindical, garantizar la libertad de organización y promover condiciones laborales más justas y dignas.
