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Comisión Interventora de las FF.AA. ordena el traslado de 494 privados de libertad
En una operación ejecutada bajo estrictas medidas de seguridad, la Comisión Interventora de las Fuerzas Armadas de Honduras en el Sistema Penitenciario Nacional ordenó el traslado de 494 Personas Privadas de Libertad (PPL) procedentes de diferentes centros penitenciarios del país.
La acción fue liderada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y contó con el respaldo operativo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Sistema Nacional de Emergencias 911, con el objetivo de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de la población penitenciaria.
Los traslados se realizaron de forma definitiva desde y hacia distintos recintos carcelarios, según se detalla a continuación:
Desde Ilama, Santa Bárbara: Se trasladaron 270 privados de libertad hacia los centros de: Támara (205) El Porvenir, Atlántida (40) Juticalpa, Olancho (20), Morocelí, El Paraíso (4), Santa Rosa de Copán (1)
Desde El Progreso, Yoro: Se movilizaron 161 privados de libertad hacia: Támara (108), de los cuales 4 fueron remitidos en condición de depósito, El Porvenir, Atlántida (28), Yoro, Yoro (16), Morocelí, El Paraíso (9)
Desde Támara, Francisco Morazán: Se trasladaron 62 internos hacia el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso.
Desde Olanchito, Yoro: Se reportó el traslado de 1 persona privada de libertad hacia el mismo centro de Morocelí.
La reubicación de estas personas privadas de libertad responde a criterios de seguridad, reorganización institucional y protección de derechos humanos, priorizando el derecho a la vida y el bienestar de la población penitenciaria.
Los centros penitenciarios involucrados en esta jornada de traslados realizarán los llamados correspondientes a los familiares de los internos, a fin de notificar sobre su nueva ubicación y garantizar la transparencia del proceso.
La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reafirma su compromiso con el pueblo hondureño de seguir trabajando incansablemente en el reordenamiento, control y fortalecimiento del sistema penitenciario, apegado a los principios de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.
