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Demócratas demandan al Gobierno de Trump
Una coalición de estados demócratas presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la tarifa de US$ 100.000 impuesta al programa de visas H-1B, una medida que, según los fiscales generales, viola los límites establecidos por el Congreso y busca desmantelar el sistema de trabajadores especializados.
La demanda es encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogas de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, y de Nueva York, Letitia James, entre otros estados.
El gobierno federal anunció en septiembre la creación del nuevo cobro, justificándolo como una respuesta al “uso excesivo” del programa. Sin embargo, los demandantes aseguran que la acción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) va más allá de lo autorizado legalmente.
“El Congreso ha perfeccionado este programa, estableciendo límites, tarifas y mecanismos de supervisión, pero jamás ha autorizado al presidente a imponer un recargo de seis cifras para desmantelarlo”, afirmó Bonta durante una conferencia de prensa.
Los fiscales advierten que la tarifa provocará un impacto económico directo en instituciones públicas y privadas, que dependen de profesionales extranjeros para cubrir miles de vacantes. Según Bonta, en Estados Unidos casi 30.000 educadores cuentan con visa H-1B, y solo en el último año 17.000 trabajadores de la salud ingresaron al país mediante esta categoría.
La demanda surge en un contexto de crecientes tensiones entre estados demócratas y la Casa Blanca. Bonta recordó que California ha interpuesto 49 demandas contra la administración Trump desde enero.
El presidente estadounidense firmó el 19 de septiembre los decretos que introducen la tarifa y crean la “Trump Gold Card”, un programa migratorio que ofrece residencia permanente y camino a la ciudadanía a cambio de una inversión de US$ 1 millón en el país.
“Ningún gobierno puede reescribir la ley de inmigración”, sostuvo Bonta. “Ningún presidente puede desestabilizar escuelas, hospitales y universidades por capricho, ni ignorar al Congreso, la Constitución o la ley”.
