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Marlon Ochoa denuncia injerencia de Trump
El consejero Marlon Ochoa aclaró que su intervención ante el cuerpo diplomático no estuvo motivada por intereses partidarios, como han intentado difundir actores opositores. En sus palabras, “Todos saben el partido político que represento y no tengo interés en el proceso de forma personal, más que compartir, desde el privilegio que tengo de haber vivido este proceso en primera persona, la verdad sobre el proceso electoral y exponer ante la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional”.
El material difundido conserva únicamente un fragmento aislado donde Ochoa afirma que “no le interesa el proceso”. Presentado fuera de contexto, este recorte busca mostrar desinterés o inconformidad personal. Sin embargo, en el discurso íntegro, la frase introduce la descripción de fallas estructurales, injerencia externa y riesgos de manipulación del sistema electoral, sin relación alguna con una postura partidaria.
Durante la reunión con el G16+, Ochoa relató una serie de hechos que, en sus palabras, no tienen precedente en la historia electoral reciente. Comenzó mencionando la intervención del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien cinco días antes de las elecciones pidió públicamente votar por un candidato específico. Tres días después, ya en silencio electoral, volvió a pronunciarse y relacionó la contienda con el indulto a un narcotraficante.
“Esa intervención provocó una reacción inmediata en la comunidad migrante”, explicó. Miles de hondureños desde Estados Unidos llamaron a sus familiares en el país para advertir que, si ganaba la candidata oficialista, Honduras sería considerada un estado comunista y se detendrían las remesas. A esta presión se sumaron mensajes que replicaban el mismo discurso y que sembraron temor entre muchos votantes.
Ochoa también denunció la participación activa de estructuras criminales. La Mara Salvatrucha llamó a votar por el Partido Nacional en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. El sistema 911 registró más de ochocientas llamadas con denuncias de intimidación: mareros integrando juntas receptoras, retención de documentos de identidad, amenazas dentro de los centros de votación y amedrentamiento a simpatizantes de partidos específicos. Según Ochoa, incluso se reportaron desapariciones que ni la policía ni los registros oficiales reconocen.
A ese contexto se sumaron decisiones administrativas que debilitaron el sistema de control electoral. Recordó que en las primarias el cruce entre las actas y el dispositivo biométrico permitió realizar más de veintiocho mil escrutinios especiales. Sin embargo, el 29 de noviembre (un día antes de las Elecciones Generales) ambas consejeras del bipartidismo deshabilitaron la regla que impedía sumar actas con más votos que personas registradas en el biométrico. Como resultado, 17,081 actas presidenciales no coinciden con el registro del dispositivo y más de un millón setecientos mil votos carecen de validación biométrica. “Esto cambió por completo la naturaleza de la elección”, afirmó.
Ochoa agregó que mensajes de texto fueron enviados a 2.2 millones de hondureños para afirmar, de manera falsa, que el Pleno había decidido no utilizar el biométrico. En varios centros de votación, personal vinculado con el organismo electoral mostraba esos mensajes para convencer a los votantes de no registrar su huella en el dispositivo.
El propio día de la elección, las redes de telecomunicaciones registraron fallas en todo el país. En algunos municipios, donde el biométrico aún funcionaba, se llegó a sugerir retirar las tarjetas SIM de los equipos. Ochoa relató que se negó inmediatamente porque esa acción dejaba sin respaldo la transmisión de datos.
Las irregularidades se extendieron después del cierre de urnas. De acuerdo con la información presentada, la empresa Grupo ASD recibió 16,615 actas a las 7:28 de la noche, aunque no las procesó. Cuando el Pleno emitió el primer boletín a las 10:30 de la noche de la elección, el sistema mostraba datos basados en el 57% de las actas, pese a que ya había ingresado el 79%. Miles de actas permanecieron más de cuarenta horas retenidas en los
servidores sin explicación técnica.
También se identificaron discrepancias entre los archivos entregados a los partidos, los almacenados por el Consejo y los que manejaba la empresa.
La auditoría externa halló más de 2,800 archivos distintos y la empresa reportó más de 4,700. Para Ochoa, esto demuestra que hubo alteraciones mientras los datos permanecían bajo custodia.
A esta situación se sumó un hallazgo que calificó como especialmente grave. En la ceremonia de revisión del 6 de diciembre se comprobó que el código fuente en producción no coincidía con el que había sido autorizado y sellado el 30 de noviembre.
La Ley Electoral exige que cualquier modificación reciba aprobación del Pleno, condición que no se cumplió.
A esto se añadieron las constantes caídas de la página de divulgación, sumas que no coinciden y resultados que ningún partido ha podido replicar.
Antes de cerrar su intervención, Ochoa insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer todo lo que ocurrió. “Lo que ha pasado antes, durante y después de la elección debe ser del conocimiento público”, señaló.
