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Nacionales

MP inicia investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2025

El Ministerio Público informó que, a través de la Unidad Contra Delitos Electorales (UECDE), ha iniciado diligencias investigativas relacionadas con hechos denunciados públicamente antes, durante y después de las Elecciones Generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.

Según el comunicado oficial, las investigaciones se enfocan en el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como en las interrupciones o fallas registradas en la divulgación de resultados mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También se analiza la existencia de actas en cero, actas retenidas o atrapadas en el sistema y posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con instituciones ajenas al ente rector de los procesos electorales.

El Ministerio Público detalló además que se investiga la difusión de mensajes de texto que habrían tenido un efecto coactivo en el proceso electoral. De manera paralela, se realiza el análisis de audios y su contenido, así como la identificación de posibles actores que pudieron haber ejercido influencia indebida en la toma de decisiones durante los comicios generales.

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Debido a la trascendencia constitucional de los hechos bajo investigación, se instruyó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución a realizar un análisis exhaustivo de las denuncias señaladas, así como el seguimiento correspondiente. El objetivo, indicó la institución, es garantizar la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales, verificando que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y que no se produzcan acciones que representen una amenaza a la democracia, al Estado de derecho y a la soberanía popular.

Finalmente, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al orden constitucional y la protección del voto soberano del pueblo hondureño, asegurando que su labor se desarrolla de manera objetiva, independiente y conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

 

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