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ASJ: Alto costo de la vida obliga a hogares hondureños a saltarse tiempos de comida
Honduras enfrenta una contradicción estructural e histórica en su modelo económico, caracterizada por una desconexión entre las cifras macroeconómicas estables y las condiciones reales de supervivencia en las que vive la mayoría de la población, según lo revelado este martes por el Instituto de la Justicia en la sexta entrega del informe “Estado de País 2026”, dedicada al sector de Economía y Finanzas.
El informe presentado resalta que, aunque el país cerró 2025 con un crecimiento económico del 3.8%, una inflación del 4.98% y una de las deudas públicas más controladas de la región en el 46% del PIB, estos indicadores no se traducen en bienestar, una realidad en la calle que revela que casi el 20% de los hogares hondureños se vio obligado a saltarse un tiempo de comida al menos una vez por semana debido al alto costo de los alimentos, una severa privación que afecta directamente a 525,563 familias y que suma un total de 786,954 hogares impactados por la falta de recursos en el último año.
Esta desconexión es tan profunda que, en la última década, el Índice de Progreso Social solo avanzó 5 de 100 puntos posibles, situando a Honduras en el antepenúltimo lugar de la región latinoamericana.
La investigación evidencia que el país ha permanecido atrapado durante los últimos 20 años en un ciclo ineficiente donde cada moderado avance económico, que ha promediado un 3.5% anual, termina siendo socavado por crisis políticas, climáticas o de gobernabilidad. En ausencia de un crecimiento suficiente y equitativo, el Estado ha utilizado los subsidios como una medida de contención social temporal, focalizando el 82.37% del gasto en subsidios a la Secretaría de Energía y el 14.86% al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, acciones que alivian la urgencia pero no resuelven las barreras de fondo para que las familias salgan de la pobreza.
El informe analiza la realidad del empleo en el país, señalando que si bien la tasa de desempleo abierto se ubica en un 4.9%, esta cifra constituye una trampa estadística debido a que la gran mayoría de la población ocupada sobrevive en la informalidad laboral, careciendo de contratos, estabilidad, prestaciones y acceso a la seguridad social.
La precariedad del mercado laboral se refleja en que actualmente existen 1,687,309 personas subempleadas y 211,015 desocupadas, una situación de vulnerabilidad estructural que golpea principalmente a los jóvenes entre los 15 y 29 años, y que mantiene a cerca de tres de cada cinco hogares en condiciones de pobreza relativa y extrema, provocando que el 41% de los hondureños identifique la alimentación como el gasto más difícil de cubrir actualmente en sus hogares.
Ante la falta de oportunidades internas, las remesas familiares se han consolidado como el principal pilar que sostiene el consumo de los hogares y la estabilidad económica del país. Durante 2025, Honduras recibió la cifra histórica de 12,212 millones de dólares en remesas – provenientes en un 80% de los Estados Unidos -, lo que representa el 33% del Producto Interno Bruto nacional y duplica el valor total de las exportaciones del país, beneficiando de forma regular a 689,628 hogares gracias al esfuerzo de más de 1.4 millones de migrantes.
Para superar este estancamiento en el modelo económico hondureño el Instituto de la Justicia plantea una ruta de acción integral dividida en fases estratégicas que inicia con la transformación de la política de exoneraciones fiscales – condicionándolas estrictamente al costo-beneficio en la generación de empleo formal, transferencia tecnológica y valor agregado- junto al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la infraestructura logística y la formación técnica profesional. Posteriormente, en su etapa de expansión y consolidación, la estrategia insta a modernizar la ENEE mediante la reducción de pérdidas y el impulso a energías renovables, reformular la negociación del salario mínimo por sectores y productividad, cerrar la brecha del ingreso real aumentando los cotizantes al IHSS, diversificar las exportaciones y promover alianzas público-privadas para proyectos de vivienda social vertical, asegurando así una distribución más justa de los beneficios del crecimiento económico.
