Nacionales
De la evaluación internacional a la ley: cómo nació la CDPC en Honduras
En 2004, Honduras fue ubicada por el Foro Económico Mundial entre los países con menor desarrollo en legislación y políticas de competencia, al ocupar el puesto 94 de 95 naciones evaluadas. Frente a ese diagnóstico, el Gobierno suscribió con el Banco Mundial el crédito «Facilitación de Comercio y Mejoramiento de la Productividad», cuyo propósito central fue reducir prácticas empresariales anticompetitivas y promover reformas para mejorar el clima de inversión.
El convenio, administrado por FIDE, impulsó a la Comisión Nacional de Competitividad a priorizar la redacción de un anteproyecto de Ley de Competencia, elaborado con la asesoría de consultores internacionales y expertos del Banco Mundial.
El borrador fue sometido a consultas con actores de la sociedad civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para alcanzar un consenso inicial antes de su envío al Presidente de la República y, posteriormente, al Congreso Nacional.
En el Legislativo se abrió un nuevo proceso de validación con empresarios, trabajadores, consumidores y otros sectores.
El resultado fue la creación, en diciembre de 2005 mediante el Decreto No. 357-2005, de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC): una entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, e independencia funcional, administrativa, técnica y financiera, cuya misión es promover, proteger y garantizar la libre competencia para favorecer la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores.
Tras su fundación, el Congreso seleccionó y juramentó a los tres comisionados que integran el pleno y fueron responsables de poner en marcha la agencia. Hoy la CDPC funciona con un equipo multidisciplinario —coordinado por el Pleno e integrado por las direcciones Técnica, Económica y Legal— que aplica la ley y diseña su propia agenda en respuesta a las necesidades del país. Con apoyo de alianzas nacionales e internacionales, la institución ha concentrado su trabajo en tres ejes: investigaciones por violaciones a la Ley de Competencia, control de concentraciones económicas y estudios sectoriales, y ha desarrollado acciones de promoción para fomentar el respeto a los principios de la economía social de mercado.
