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CSJ llama a comunidad garífuna a diálogo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras convocó a representantes de la comunidad garífuna a un amplio espacio de diálogo para abordar la histórica conflictividad por sus derechos territoriales y analizar el cumplimiento de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El encuentro está previsto para este miércoles en la sede del máximo tribunal, con la participación de representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Comité de Sentencias, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General.
También se espera la presencia de autoridades de las secretarías de Derechos Humanos y Seguridad, además del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La CSJ solicitará igualmente el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como observador técnico.
El Poder Judicial señaló que la situación de las comunidades garífunas no puede limitarse únicamente a un proceso penal, debido a que involucra una problemática histórica y estructural relacionada con derechos colectivos, seguridad jurídica, propiedad de los territorios, actuación institucional y compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño.
La convocatoria ocurre pocos días después de que la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunciara la supuesta persecución y desplazamiento de comunidades garífunas de sus territorios ancestrales, además de cuestionar la falta de diálogo por parte del Gobierno que preside Nasry “Tito” Asfura.
Honduras acumula cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con la vulneración de derechos de comunidades garífunas. Los fallos corresponden a los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, emitidos en 2015; San Juan, en 2023; y Cayos Cochinos, en 2026.
La CSJ también expresó su preocupación por los acontecimientos registrados durante el desalojo en la comunidad de San Juan, donde cinco defensores del territorio garífuna fueron detenidos y acusados de presunta usurpación agravada, aunque posteriormente recuperaron su libertad.
Sobre este proceso, el Poder Judicial indicó que el expediente continúa bajo la jurisdicción del juez natural, con respeto al debido proceso y a la independencia judicial establecida en la legislación hondureña.
