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Declaratoria de terroristas permitirá perseguir a extorsionadores y colaboradores, afirma la DAET
La declaratoria de las maras y pandillas como asociaciones terroristas representa, según el director de la División Anti Extorsion y Asociaciones Terroristas (DAET), comisionado Daniel Molina, un giro en la estrategia de seguridad del Estado para combatir la extorsión y las estructuras criminales que operan en Honduras.
El oficial de policía explicó que la medida permitirá ampliar las acciones contra quienes integren, colaboren o mantengan vínculos con organizaciones declaradas terroristas. Señaló que, bajo esta figura, las autoridades podrán perseguir penalmente a los integrantes de estas estructuras y aplicar las disposiciones contempladas en la legislación hondureña para enfrentar este tipo de delitos.
El funcionario indicó que la declaratoria también tendrá efectos en materia procesal y penitenciaria. Entre las medidas mencionó restricciones a determinados beneficios procesales y la aplicación de un régimen especial dentro de los centros penitenciarios, particularmente en materia de comunicaciones y visitas, con el propósito de impedir que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles.
Molina advirtió, además, que la persecución no se limitará a los integrantes identificados de las pandillas. Explicó que quienes colaboren con estas organizaciones también podrían ser investigados y capturados.
Como ejemplo, mencionó a personas que faciliten el cobro de extorsiones o reciban dinero producto de estas actividades a través de servicios de transferencias, siempre que las investigaciones establezcan su vinculación con la estructura criminal.
Sobre las denuncias de extorsión, el director de la DAET aseguró que la unidad cuenta con protocolos para proteger a las víctimas y testigos. Explicó que, desde el momento en que una persona decide denunciar, se le asigna un código para manejar su identidad durante el proceso investigativo.
También destacó la utilización de la figura del testigo protegido y la aplicación de mecanismos de prueba anticipada dentro del debido proceso.
Molina Gálvez sostuvo que la efectividad de las investigaciones depende también de la colaboración ciudadana. Aseguró que los equipos de inteligencia e investigación cuentan con capacidades para identificar y capturar a los responsables, pero insistió en que las víctimas deben denunciar mediante los canales establecidos, sin exponerse nuevamente ante los integrantes de las estructuras criminales.
Finalmente, el comisionado señaló que uno de los retos pendientes es fortalecer el bloqueo de comunicaciones desde los centros penitenciarios. Aunque existe tecnología para restringir llamadas convencionales y las empresas de telefonía colaboran con las autoridades, explicó que persiste el desafío de impedir las comunicaciones mediante plataformas digitales.
Ante esta situación, indicó que se trabaja en nuevos lineamientos y en una eventual reforma a la Ley de Telecomunicaciones para reforzar el control de las comunicaciones utilizadas por las estructuras criminales.
