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ASJ: Defensores Ambientales pueden denunciar amenazas en tres instituciones del estado
Ante el incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones contra personas defensoras del ambiente en distintas regiones del país, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), impulsa —en el marco de la iniciativa Guardianes silenciados— la difusión de las tres instituciones públicas a las que cualquier ciudadano puede acudir para denunciar hechos que pongan en riesgo su integridad o sus derechos.
Estas instancias son: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cada una con procedimientos específicos, pero complementarios dentro del sistema nacional de protección y persecución penal.
Por un lado, el CONADEH recibe quejas por violaciones a derechos humanos, las cuales pueden presentarse de forma presencial en cualquier oficina regional, por teléfono a la línea 9581‑1846 o mediante la página web institucional. Una vez registrada la queja, el personal analiza si la persona afectada pertenece a un grupo en situación de riesgo —incluyendo defensores ambientales— y, de ser necesario, remite el caso a la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, entidad responsable de evaluar el nivel de amenaza y determinar medidas de protección adecuadas.
El Ministerio Público, por su parte, es la institución encargada de recibir denuncias sobre hechos que constituyan delito, como amenazas, daños, agresiones, lesiones u otros actos que atenten contra la integridad física o emocional de una persona defensora. Las denuncias pueden presentarse en cualquier sede fiscal del país, en postas policiales —que deben remitirlas al MP— o por escrito. El MP registra el caso, asigna un número de expediente y lo traslada a la fiscalía competente, que deberá dirigir la investigación con apoyo de la DPI, Medicina Forense u otras unidades especializadas.
Finalmente, la DPI actúa como policía investigativa y también puede recibir denuncias directamente, ya sea en sus oficinas, a través del número de emergencia 911 o mediante la línea 2236‑1200. Una vez interpuesta la denuncia, la DPI abre un expediente, toma la declaración del denunciante, asigna un investigador y realiza diligencias como entrevistas, inspecciones y recolección de evidencia, las cuales en todo caso deben ser remitidas al Ministerio Público, que es la autoridad competente para decidir si procede una acusación formal.
Cada una de estas tres rutas de denuncia es gratuita, accesible para cualquier ciudadano y deben ser atendidas por las instituciones correspondientes sin ningún tipo de discriminación. Toda persona que interponga una queja o denuncia tiene derecho a que su caso sea registrado, recibir un número de expediente, solicitar confidencialidad y dar seguimiento al proceso. Si alguna de las instancias no actúa con la debida diligencia, la persona afectada puede acudir a cualquiera de las otras instituciones competentes para garantizar su derecho a la protección y al acceso a la justicia.
